El mar de plástico se ha extendido sobre la Costa granadina en la última década. Tan pronto como se acabó el terreno en la vecina provincia de Almería. La invasión de invernaderos de forma descontrolada ha provocado -según un informe oficial desvelado ayer por IDEAL- que nueve municipios se encuentren bajo la amenaza de inundaciones. El problema ya ha llegado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que investiga media docena de denuncias.
Muchos de estos invernaderos se han montado cerca o incluso dentro de ramblas y barrancos. También se han formado 'terrazas' artificiales en las montañas, haciendo explanaciones donde no las había. En resumen, y en palabras de los inspectores, se ha provocado «uno de los mayores impactos ambientales en extensión e intensidad producidos por el hombre». Basta con ver las imágenes aéreas.
La consecuencia es preocupante: «Estas circunstancias podrían influir decisivamente en la evolución de las catástrofes que como consecuencia de lluvias torrenciales pudieran producirse». El agua se desploma sobre un inmenso toldo de plástico que no cala, el líquido empieza a deslizarse y se precipita sobre núcleos urbanos. Se han encauzado ramblas y barrancos, si bien esto ha originado un «estrechamiento de los cauces y una mayor aproximación a los mismos de las viviendas». Hay casos tan llamativos como el de una urbanización de Calahonda, donde «el riesgo de inundación es continuo», o en La Mamola, donde el edificio más próximo a la rambla es un colegio público.
Los investigadores aseguran que se tardarían años en inspeccionar todos los invernaderos que se han levantado desde Motril hasta el límite con la provincia de Almería, donde hay tres cuencas y 14 barrancos. Además, la mayoría de las instalaciones carecen de identificación exterior y algunas veces están dentro de polígonos laberínticos. Hay ocasiones en las que localizar a los propietarios se antoja misión imposible.
Los agentes de la unidad del Seprona de la Guardia Civil destaparon el problema hace cinco años. El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza sobre la desordenada extensión del mar de plástico en el litoral granadino no cayó en saco roto, aunque el problema no se ha solucionado.
La Fiscalía tomó buena nota y adoptó, tras dialogar con los alcaldes de la zona en reuniones auspiciadas por la Subdelegación del Gobierno una serie de decisiones de calado.
La principal por su trascendencia jurídica: considerar que los invernaderos son construcciones. Es decir, que requieren la correspondiente licencia municipal. Si no existe ese papel, o se ha otorgado irregularmente, puede existir delito y se impondrá la demolición.
No es un debate fácil ya que durante años se ha discutido jurídicamente sobre la consideración de los invernaderos. Sobre si eran o no una construcción en suelo agrícola o forestal, como puede ser una nave. El matiz es clave porque de él depende que pueda existir un delito contra la ordenación del territorio.
Hacen caso
Varias localidades asumieron las indicaciones de la Fiscalía y las incluyeron en sus normas subsidiarias. Por ejemplo, en Motril esa decisión ayudó a un desarrollo del plástico más racional, según indica Rogelio Oya Muñoz, fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada.
Sin embargo, en la Alpujarra baja la situación no es tan halagüeña. La Fiscalía está encima y procura impedir los desmanes. «Si se hace un invernadero en un cauce, una vía pecuaria... en definitiva, en zonas que gozan de especial protección, nosotros tenemos claro que estamos ante un presunto delito contra la ordenación del territorio y actuamos en consecuencia».
Ya hay denuncias en este sentido: al menos, media docena. Y habrá más en el futuro.
Cóctel peligroso
El problema no acaba en la proliferación sin control de los invernaderos. Este tipo de cultivos generan cantidad de residuos que van a parar habitualmente a ramblas y barrancos. En este mismo sitio, normalmente en zonas altas, acaba la basura de algunos vecinos insensatos que vierten en estos rincones para que nadie les vea. Estos desechos forman con el agua un cóctel explosivo que arrastra la tormenta. Estos depósitos, advierte el informe de la Guardia Civil, son un «evidente peligro para las personas», ya que todas las ramblas de esta zona de la Costa son atravesadas en su parte más baja por la N-340 mediante puentes que fueron concebidos para tragarse el agua pero no para engullir las tormentas, la basura y «gran cantidad de tierra procedente de los desmontes y aterramientos hechos sin ningún tipo de muro de contención».
En algunas zonas se han montado auténticos vertederos ilegales de residuos agrícolas, donde además van a parar toneladas de escombros, plásticos y envases vacíos de productos fitosanitarios.
La prosperidad económica no puede alcanzarse pasando por encima de la seguridad de las personas. Eso es lo que está en juego. Ni más ni menos.
quicochirino@ideal.es
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