GABRIEL ALBIAC
ABC, Madrid,
miércoles , 18-11-09
HAY acontecimientos en la historia que tienen valor de epítome. (Epítome: «resumen o compendio de una obra extensa», define la Academia). Pueden ser en diverso grado triviales, esos hechos. No es trascendencia alguna lo que los trueca en espejo. Sino que en ellos confluyan los hilos que dibujan el mapa espiritual de un tiempo. Ahora que ha terminado, ahora que ningún marinero está ya en peligro, es momento de decir que el «caso Alakrana» ha sido epítome del envilecimiento: eso que es hoy la nota identificatoria de esta pobre piltrafa a la deriva, a la cual, por convención piadosa, seguimos llamando España.
No hay nación sin Estado. No hay Estado donde no hay metódico monopolio de la fuerza armada. No hay fuerza armada allí donde poner en riesgo vidas enemigas está vetado. El éxito mayor del zapaterismo ha consistido en suprimir el ejército. En cinco años. Queda el nombre. Y una red funcionarial sin atribuciones, que lo mismo está llamada a ejercer labor de bombero que de enfermería. Y de cuyas tareas, la de atacar, perseguir, desarmar o dar muerte en combate al enemigo ha sido formalmente desechada. «No hay ejército» equivale a decir «no hay Estado». Que equivale a decir no hay nación, ni, por tanto, ciudadano libre. No es verdad que en España haya un mal gobierno. No hay gobierno. No existe peligro más alto para una sociedad que sueñe con mantenerse a salvo de la barbarie.
Epítome de vileza. O llámese suicidio, si se prefiere: suicidio de Estado, libertad, nación, derecho. Ahora que ya ninguna vida está en peligro, sería obsceno no decirlo.
1) Impedir que la Armada interviniese para perseguir, abordar y hundir a los piratas, como toda racionalidad marítima exige, fue declarar urbi et orbi a este país indefenso, dejarlo a la merced de cualquier chantaje. No es nuevo. Fue lo que consagró la rendición después del 11-M. Algunos no entendemos que se mantenga un ejército para eso.
2) Pagar un rescate tan sólo está justificado como ardid militar para quitar a los civiles del campo de tiro y poder luego emprender una persecución implacable que dé con los piratas en la cárcel o en el fondo del mar. Pagar y aceptar la huida, viola todas las leyes básicas de cualquier Estado de derecho. Y así se considera, cuando el pagado es una organización terrorista como ETA. Y así no puede dejar de considerarse, cuando lo es una banda de criminales somalíes.
3) Hacer que los jueces suplan al ejecutivo y que den a los delincuentes trato preferencial, por completo distinto al que recibiría cualquier pobre diablo que no posea la capacidad de chantajear al Estado, no es sólo una repugnante cobardía. Es la destrucción del derecho. La destrucción, por tanto, de la democracia. Porque, desde que el abad de Sieyès lo formulara en el verano de 1789, no hay más especificidad de una democracia moderna que la ficción jurídica que nos trueca a todos en iguales a la hora de responder ante ley y jueces. Que pueda existir un juez, que pueda existir una fiscalía, dispuestos a hacer un uso diferenciado de las leyes cuando los intereses de un gobierno así lo dicten; que se pueda tratar de diferente modo a un pirata somalí que a un criminal vallecano, es el fin –el fin– de la democracia. La impermeable barrera que debe aislar al que gobierna del que juzga lleva muchos años agrietada en España. El mimo con el pirata adolescente y la tierna promesa de reponerlo en casa muestran que no hay barrera, que en España el juez confirma lo que el gobernante impone. Y punto.
España está zozobrando. Y esta náusea de ahora es sólo un síntoma. No hay vida en esta tierra. Estamos muertos.
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